Qué hace realmente la vigilancia del mercado — leído en su propia estrategia

La Ley Europea de Accesibilidad (Directiva (UE) 2019/882) deja la ejecución a los Estados miembros. Alemania la transpuso mediante la Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG), y los Estados federados crearon un organismo conjunto: la Marktüberwachungsstelle der Länder für die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen, entidad de derecho público conocida como MLBF, con sede en Carl-Miller-Straße 6, 39112 Magdeburgo. Su competencia es estatal: no hay competencia por Estado federado y, por tanto, ninguna diferencia entre Renania del Norte-Westfalia, Baviera y Sajonia.

La BFSG se aplica desde el 28 de junio de 2025. La ley no reconoce derechos adquiridos para sitios existentes: el § 1, apartado 3 atiende a si un servicio se presta a consumidores después de esa fecha, no a cuándo se construyó el sitio.

Lo que la MLBF señala que no ofrece: asesoramiento jurídico. Su mandato legal, escribe, no incluye «asesoramiento jurídico por parte de la autoridad de vigilancia del mercado»; sí pone información a disposición del público y publica datos sobre su trabajo y sus decisiones. El asesoramiento a microempresas corresponde expresamente a la Agencia Federal de Accesibilidad (§ 15 BFSG).

La MLBF cuenta además con un consejo asesor en el que se sientan juntas las organizaciones de personas con discapacidad y las patronales — entre ellas el Consejo Alemán de la Discapacidad, la Confederación del Artesanado, la Asamblea de Cámaras de Comercio, Bitkom y la Asociación del Libro. No es un detalle: es en ese foro donde se acompañan las prioridades de la autoridad.

En el capítulo sobre penetración de mercado se lee, en alemán original: «Zur effizienten Durchdringung des Markts setzt die MÜB insbesondere bei webbasierten Dienstleistungen auf automatisierte Vorprüfungen. Durch den Einsatz technischer Prüfsoftware ist es möglich, eine deutlich größere Anzahl an Dienstleistungen in der Breite zu erfassen, als dies durch rein manuelle Prüfungen möglich wäre.» En español: para penetrar el mercado de forma eficiente, la autoridad recurre a comprobaciones previas automatizadas, en particular en servicios basados en la web; el uso de software técnico de comprobación permite abarcar un número de servicios muy superior al que permitirían comprobaciones puramente manuales.

En coherencia, el mismo documento incluye expresamente los «resultados de las comprobaciones previas automatizadas» entre los factores de riesgo de la vigilancia activa — junto al alcance de usuarios, el tamaño de la empresa, la relevancia para la vida autónoma, la complejidad e interactividad del servicio, la retroalimentación pública de usuarios y las tendencias del mercado. La estrategia de productos no contiene este punto; es propio de la parte de servicios, y los servicios basados en la web se nombran explícitamente.

Queda así acreditado lo que hasta ahora solo se afirmaba: la autoridad competente no comprueba los sitios únicamente cuando alguien reclama, ni únicamente a mano. Emplea software de comprobación para lograr amplitud — y los resultados de esas comprobaciones previas orientan la selección de lo que examina después con detalle.

Y ahora, lo que no aparece. No hay fecha. No hay alcance, ni número de sitios comprobados, ni nombre de herramienta, ni umbral a partir del cual se persigue un hallazgo. Quien escribe «a partir del tercer trimestre de 2026 se escaneará automáticamente» no cita una fuente: se lo inventa. Lo sabemos con precisión porque esa afirmación estuvo dos veces en nuestros propios textos y hubo que retirarla dos veces al no encontrarla en la fuente.

Y una comprobación previa sigue siendo una comprobación previa. Es el filtro anterior, no el examen. Cómo debe ser el examen propiamente dicho lo dice la ley — véase el apartado siguiente.

El § 29 BFSG prevé tres fases para los servicios. Si la autoridad concluye que no se cumplen los requisitos, requiere sin demora al prestador para que adopte medidas adecuadas en un plazo razonable que ella fija (apartado 1). Si eso no surte efecto, formula un segundo requerimiento, esta vez bajo amenaza de prohibición, de nuevo con plazo razonable (apartado 2). Solo después adopta las medidas necesarias y puede, en particular, ordenar el cese de la oferta o la prestación del servicio (apartado 3). Si el prestador acredita que se ha restablecido la conformidad, la autoridad revoca la orden.

La estrategia de vigilancia describe exactamente ese modelo escalonado con sus propias palabras y lo sitúa expresamente bajo el «principio de proporcionalidad»: primero el requerimiento de corrección, después la restricción y la prohibición, después la multa.

Sobre el importe: el § 37, apartado 2 BFSG menciona hasta 100.000 euros — pero solo para los casos enumerados en el apartado 1, n.º 1, 7, 8, 9 y 10. Para quien explota una tienda, el relevante es el n.º 8: ofrecer o prestar un servicio que no cumple los requisitos del reglamento de desarrollo (§ 14, apartado 1 BFSG). En todos los demás casos —incluidas las obligaciones de información— el límite es de hasta 10.000 euros. Ambas cifras son máximos de un marco, no importes ordinarios.

Un elemento de perspectiva: una infracción administrativa exige dolo o negligencia (§ 37, apartado 1). Y el procedimiento escalonado implica que entre el primer contacto y una prohibición median al menos dos plazos fijados. Esa es la diferencia entre una supervisión y una trampa — y la razón por la que el alarmismo en este asunto no solo resulta desagradable, sino sencillamente inexacto.

No hay un nivel mínimo de control. Lo dice la propia estrategia: como la BFSG solo se aplica desde el 28 de junio de 2025, «para el actual periodo estratégico no se dispone de datos históricos sobre número de casos o tasas de incumplimiento» de los que derivar un mínimo cuantitativo. El foco está, por tanto, en asegurar la capacidad de respuesta y en construir cualitativamente una base de datos. Quien afirme que la autoridad comprueba «X tiendas al mes» inventa una cifra que, según su propio reconocimiento, aún no existe.

No existe un sistema europeo de notificación para servicios. Para productos, las autoridades notifican los incumplimientos a la Comisión y a los demás Estados miembros a través del Instituto Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para servicios, la estrategia indica expresamente que un sistema formalizado a través de bases de datos centrales de la UE como ICSMS no se deriva de la BFSG y no está previsto por ahora; la cooperación se produce caso por caso.

La metodología de comprobación en detalle no está publicada. Qué software, con qué conjuntos de reglas, a partir de qué hallazgo una comprobación previa se convierte en un examen formal: nada de eso figura en ninguno de los dos documentos. No lo adivinamos.

Sí se conocen, en cambio, los criterios de priorización. Para la vigilancia activa, la estrategia menciona sobre todo la relevancia para la vida autónoma y la penetración de mercado — cuando un servicio tiene gran alcance, la falta de accesibilidad afecta a muchos. En caso de monopolio local o sectorial se presume una penetración alta aunque el número absoluto de usuarios sea pequeño. Y quien ya ha llamado la atención, o ha mostrado poca disposición a cooperar, es «vigilado con prioridad» y se le asigna un riesgo mayor.

El cuadro resultante es sobrio. La autoridad trabaja con base en el riesgo, por fases y con medios limitados — y en los sitios web emplea software de comprobación simplemente para llegar a lo ancho. Ninguna amenaza suspendida. Pero tampoco la calma que muchos deducen de no haber oído nada hasta ahora.