Quién está exento — y quién solo en apariencia

El § 3, apartado 3, primera frase BFSG dispone: «El apartado 1 no se aplica a las microempresas que ofrecen o prestan servicios.» El apartado 1 es la obligación general — productos y servicios deben ser accesibles. Una microempresa que ofrece un servicio queda exenta de esa obligación general.

Quién es microempresa lo dice el § 2, n.º 17 BFSG, y aquí conviene leer con detalle: «una empresa que ocupa a menos de diez personas y que o bien tiene un volumen de negocios anual no superior a 2 millones de euros o bien cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros». Es la recepción del artículo 3, punto 23 de la Directiva (UE) 2019/882.

Son, por tanto, dos condiciones, no tres. La plantilla es imperativa: debe estar por debajo de diez; diez no basta. La parte financiera, en cambio, es una «o»: basta con que una de las dos magnitudes se mantenga en 2 millones de euros o por debajo. Una empresa con 3 millones de euros de facturación pero un balance de 1,8 millones cumple igualmente la definición. Los resúmenes que escriben «menos de 10 empleados y como máximo 2 millones de facturación» recortan justo en ese punto — y dejan fuera de la exención a empresas que el tenor incluye.

Dos matices que van con esto. Primero, por su tenor la exención solo vale para microempresas que ofrecen o prestan servicios. Quien fabrica, importa o comercia con productos en el sentido del § 1, apartado 2 BFSG no está exento; para esas microempresas la ley solo prevé alivios en las obligaciones de documentación e información (§ 16, ap. 4; § 17, ap. 2, frase 3).

Segundo, la ley no dice cómo se cuentan las «personas»: por cabezas, por equivalentes a jornada completa, con o sin personal temporal, con o sin la dirección. Aquí no afirmamos ningún método de cómputo, porque la BFSG no contiene ninguno. Quien se mueva en torno a la cifra de diez debería hacer que se aclare la cuestión en lugar de responderla por su cuenta: todo lo demás depende de ella.

1. Los contenidos que la ley no cubre (§ 1, ap. 4 BFSG). Quedan excluidos: los medios basados en el tiempo pregrabados publicados antes del 28 de junio de 2025; los formatos de archivos ofimáticos publicados antes de esa misma fecha; los mapas en línea y servicios cartográficos, siempre que la información esencial de los mapas de navegación se facilite de forma digital accesible; los contenidos de terceros que el operador ni financia ni desarrolla ni controla; y los contenidos que se consideran archivo porque no se actualizan ni revisan después del 28 de junio de 2025.

En la práctica: un vídeo de producto subido en 2023 sin subtítulos no está afectado — uno subido en 2026 sí. Y el módulo de reseñas de un tercero integrado en la página solo queda exento mientras no se pague ni se controle; con un servicio de pago, esa es precisamente la cuestión abierta.

2. La alteración fundamental (§ 16 BFSG). Los requisitos solo se aplican en la medida en que su cumplimiento no exija una modificación sustancial que altere de forma fundamental la naturaleza del servicio. Quien lo invoque debe realizar la evaluación por sí mismo, documentarla, conservarla cinco años e informar sin demora a la autoridad de vigilancia del mercado.

3. La carga desproporcionada (§ 17 BFSG). Tampoco es autoservicio. La evaluación sigue los criterios del anexo 4, debe documentarse y conservarse cinco años; un prestador de servicios debe repetirla al menos cada cinco años, además con cada modificación del servicio y a requerimiento de la autoridad competente. Y el apartado 4 contiene una cláusula fácil de pasar por alto: quien recibe fondos públicos o privados ajenos destinados a mejorar la accesibilidad no puede invocar la carga desproporcionada. Haber aceptado una subvención cierra esa puerta.

Ambas exenciones son verificables, y se verifican: el § 28, apartado 3 BFSG obliga expresamente a la autoridad, cuando se invocan los § 16 o § 17, a comprobar si la evaluación se realizó, si los criterios del anexo 4 se aplicaron correctamente y si se cumplen los demás requisitos. Invocar «desproporcionado» sin documentación es, por tanto, peor que no invocar nada.

Las microempresas están dispensadas de la obligación de informar del § 17, apartado 5 (frase 2) — aunque por regla general no la necesitan, ya que el § 3, apartado 3 ya les es aplicable.

El § 14, apartado 1 BFSG establece dos condiciones para que un prestador pueda ofrecer o prestar su servicio. Primero, el servicio debe cumplir los requisitos de accesibilidad del reglamento de desarrollo (BFSGV). Segundo, el prestador debe haber elaborado la información del anexo 3, n.º 1 y haberla puesto a disposición del público en forma accesible. Esa es la citada «declaración de accesibilidad» de las empresas — un documento distinto del exigido a los organismos públicos.

El apartado 3 exige que los requisitos se cumplan en todo momento y menciona expresamente los cambios en la forma de prestación, los cambios en los requisitos aplicables y los cambios en las normas armonizadas como aspectos que el prestador debe «tener debidamente en cuenta». La conformidad es, por tanto, en el propio texto legal, un estado duradero y no un proyecto con fecha de fin.

El apartado 4 regula la no conformidad: adoptar las medidas correctoras necesarias — e informar sin demora a la autoridad de vigilancia del mercado, detallando la naturaleza de la no conformidad y las medidas adoptadas. El apartado 5 obliga a facilitar información y a cooperar a requerimiento motivado de la autoridad.

El contenido de los requisitos no está en la BFSG sino en la BFSGV. El § 12 BFSGV contiene los requisitos generales para servicios, el § 19 BFSGV los requisitos adicionales para servicios de comercio electrónico: información sobre la accesibilidad de los productos puestos a la venta, en la medida en que el operador responsable la facilite, así como funciones de identificación, autenticación, seguridad y pago diseñadas para ser perceptibles, operables, comprensibles y robustas.

¿Y cómo se mide «perceptible, operable, comprensible y robusto»? El § 3 BFSGV remite al estado de la técnica y obliga a la Agencia Federal de Accesibilidad a publicar las normas determinantes y tablas de conformidad. El § 4 BFSG añade la presunción de conformidad: se presume que los productos y servicios conformes a normas armonizadas cuyas referencias se han publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea cumplen los requisitos — en la medida en que la norma los cubra. La norma pertinente para sitios web es EN 301 549, que para contenidos web remite a las WCAG 2.1 nivel AA. Por eso comprobamos según esa norma y no según un baremo propio: es la única que activa la presunción.